Defensa de la mujer, el niño y la familia

POR LA DEFENSA DE LA MUJER, EL NIÑO Y LA FAMILIA

COMUNICADO DEL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA


El Defensor del Pueblo, Doctor José Fernando Castro Caicedo, ha propuesto que  “se podría pensar en que quien ejerza la actividad de prostituta debe haberse ligado las trompas”, dado que la prostitución está generando  “el hampón del futuro”.

Me permito hacer al respecto las siguientes consideraciones:

1. Ante todo no puede atribuirse a un sector de la población, o a un grupo de personas, en este caso las pobres mujeres que ejercen el trabajo sexual, el problema de delincuencia existente en el país.  La violencia es un fenómeno que tiene muchas causas y, como tal, amerita que se reflexione a fondo sobre él.

2. El derecho a la integridad física, de todo colombiano, especialmente de la mujer, debe preservarse, con mayor razón en un país como Colombia que muestra estadísticas tan altas de agresiones físicas.  El respeto profundo que tenemos por la dignidad de todas y cada una de las mujeres colombianas nos exige evitar lo que puede ser trato menos humano y cristiano hacia ellas.

3. Las carencias afectivas y privaciones a que pueden verse sometidos los hijos de las mujeres que ejercen la prostitución, no es un fenómeno exclusivo de ellos.  Las investigaciones sobre maltrato infantil muestran cómo se trata de un problema que se extiende también a numerosos hogares colombianos.  Existen, además, preocupantes índices de madres solteras en todas las regiones de Colombia.  No se puede decir que los hijos que padecen esas privaciones son en todo caso hampones.

4. De otro lado, la medida propuesta no garantiza la disminución de la criminalidad.  La situación actual del país impone avanzar en la reflexión sobre los problemas sociales, y desde allá analizan fenómenos como el incremento de la prostitución con sus causas económicas, culturales y sociales.  Ese análisis debe abrir respuestas a preocupaciones de inmensos sectores sociales sobre asuntos tan graves como la indiferencia institucional y social frente a la creciente prostitución infantil.  Se requiere también medidas urgentes para encarar en todas sus dimensiones el maltrato infantil y las privaciones extremas a que son sometidos numerosos niños en Colombia.

 Frente a los asesinatos atroces recientes a la utilización de niños en el conflicto armado colombiano y en actividades delictivas, a todos nos toca fortalecer los mecanismos comunitarios y sociales de defensa de los derechos del niño.

5. Una política de defensa de la familia a todos los niveles debe ser parte de la respuesta a la preocupación expresada por el Defensor del Pueblo y no la privación de un derecho.  La suspensión de los derechos no garantiza la plena superación de los problemas de delincuencia que vive Colombia.  Esa misma política debe ofrecer apoyos para que los padres logren cumplir con el deber de educar los hijos de tal modo que éstos reciban el cariño y la ternura que necesitan.  A los responsables de la vida económica y social del país les corresponde revisar las condiciones de acceso de las mujeres al mundo del trabajo y a los otros beneficios de la sociedad.  El país debe mejorar los mecanismos y propuestas a las mujeres que están en el mundo de la prostitución para ofrecerles condiciones de vida diferentes.

6. Desde nuestra fe, busquemos respuestas a los desafíos que nos presenta el país de tal manera que podamos crecer en justicia, solidaridad y paz.  Colombia puede mostrar que está superando sus crisis moral cuando progresamos en actitudes más humanas y cristianas para defender la dignidad de la mujer, los derechos de los niños y la grandeza de la familia.


Santafé de Bogotá, D.C., 30 de agosto de 1996.

+ Alberto Giraldo Jaramillo
Arzobispo de Popayán
Presidente de la Conferencia Episcopal