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Corte Constitucional

Vie 7 Jun 2019

Iglesia rechaza fallo sobre uso de alcohol y drogas en las calles

Luego que la Corte Constitucional tumbara el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y drogas en espacio público, la Iglesia Católica manifestó su rechazó y desconcierto frente a esta sentencia del Alto Tribunal. “Cuando estamos alarmados por el incremento de la drogadicción y buscamos cómo prevenirla y contrarrestarla, consideramos que esta decisión va en contravía de los esfuerzos de tantas personas e instituciones para romper el círculo de corrupción, violencia y muerte que el consumo y tráfico de estupefacientes han generado en nuestro país”. En un comunicado los obispos advirtieron las consecuencias que representa para la niñez y la juventud, el consumo de drogas y alcohol, por lo que hicieron un llamado a las instituciones del gobierno y la sociedad civil a que se activen proyectos de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones; así como también se promueva una mayor coordinación de las políticas contra la dependencia de alucinógenos Finalmente, recordando la invitación que el Papa Francisco hace para combatir la producción, el procesamiento y la distribución de las drogas en el mundo, los obispos exhortaron a las familias e instituciones educativas, para que se continúe cultivando en niños y jóvenes los valores que aseguran su crecimiento integral. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Mié 29 Nov 2017

Eutanasia también para los menores

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - La Corte Constitucional ha ordenado recientemente al Ministerio de Salud que presente ante el Congreso, en el plazo de un año, una iniciativa acerca de la aplicación de la eutanasia en mayores y menores de edad; igualmente, solicita al Congreso que, en dos años, emita una ley sobre lo que llama el derecho fundamental de los niños y los adultos a morir dignamente. La Conferencia Episcopal de Colombia se ha pronunciado sobre las preocupantes consecuencias que entrañan estos hechos. Son un paso más en un proceso bien conducido que, entre otros, tiene antecedentes en la sentencia 239 de 1997, en el proyecto de ley 70/2012, en la sentencia 970 de 2014 y en la resolución 1216 del Ministerio de Salud de abril de 2015. Sin seguir el debido ordenamiento y sin hacer el necesario debate público, para obedecer a proyectos internacionales con intereses ideológicos, políticos y económicos, se insiste en esta conjura contra la vida humana. Se quiere imponer una decisión que compromete convicciones profundas de la mayoría de los colombianos con verdades parciales que, con tinte de cientificidad o de “piedad”, se difunden a través de los medios de comunicación y desconciertan a algunos legisladores, al personal sanitario y a la opinión pública. Es así como se genera confusión para discernir justamente apreciaciones jurídicas, conductas legales y actuaciones éticas, sobre todo en situaciones complejas donde la compasión por el sufrimiento puede poner en penumbra las implicaciones de atentar contra la vida humana. En esta forma de tomar decisiones y de legislar no se está respetando ni la Constitución de la República ni la separación de poderes que es fundamental en una democracia. No se debe aceptar pasivamente que la Corte dé ordenes al Congrego y al Ejecutivo sobre un tema tan grave, que afectará a millones de personas, como autorizar a los médicos para que ayuden a los pacientes a suicidarse y a los padres de familia para que decidan sobre la vida o la muerte de sus hijos. Estamos dejando pasar decisiones peligrosas que destruyen el orden moral y aun la estructura social y política del Estado. El Estado está para proteger a los ciudadanos y especialmente a los más indefensos; por tanto, los niños y los adolescentes merecen algo mejor que autorizar su sentencia de muerte. En un sistema de salud tan frágil y permeado de corrupción como el nuestro, es de temer que las autorizaciones para el homicidio muy pronto serán la única “opción de tratamiento” para los más vulnerables y la alternativa más “eficiente” y económica. Bajo el disfraz de humanidad se quiere presentar la eutanasia como una “muerte digna”. La prioridad sería legislar y trabajar para que la gente tenga, no una muerte, sino una vida digna. La corrupción también se apodera del lenguaje para esconder la deshonestidad de la actuación, pues lo que se quiere legalizar no es una ayuda para morir, sino el permiso para matar a otro ser humano. Está mal un país cuando, en lugar de pensar en que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad, piensa en eliminar a los más débiles. Ciertamente, se pueden encontrar formas compasivas para dar tratamientos adecuados, mitigar el dolor y preparar la muerte sin caer en encarnizamientos terapéuticos y sin llegar tampoco a la aprobación de la “muerte por pedido”. En un momento en que buscamos acabar con la violencia, es un contrasentido legalizar la forma de matar con facilidad a los indefensos y a los que sufren; el orden moral de una sociedad en la que los asesinatos son frecuentes no se construye creando instrumentos jurídicos para nuevos asesinatos y abriendo la puerta para que otros, por los motivos que quieran, exijan o se apropien el mismo “derecho”. En medio de tanta confusión y de tantos intereses egoístas, la Iglesia Católica defiende con valentía y coherencia la vida y la dignidad de toda persona humana. + Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín

Vie 10 Nov 2017

"La dosis personal, es la dosis destructora de la familia": Obispo de Pereira

Tras los últimos hechos ocurridos en zona rural de Altagracia, en la ciudad de Pereira, donde un grupo de jóvenes resultaron intoxicados por consumir la droga LSD y Tucibí durante una fiesta electrónica, el obispo de esta zona, monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, se mostró preocupado e hizo un llamado de atención al Estado y a la sociedad. “Esto es un dolor, un caos, nosotros tenemos que actuar como Iglesia desde la predicación, el Evangelio y la acción pastoral. El Estado por su parte, ha de saber que abrir las puertas a las drogas, al sexo y a otras prácticas, es un camino hacia la destrucción inmensa de lo más noble y preciado que tiene la sociedad, como son los jóvenes y los niños”, afirmó el obispo. El prelado recordó que mediante Sentencia No. C-221/94 la Corte Constitucional aprobó en Colombia la dosis personal, “siendo esta decisión un hecho que ha traído destruición en las familias”. Foto: Tomada de Internet

Jue 26 Oct 2017

Episcopado manifiesta preocupación sobre eutanasia en menores de edad

Ante la reciente decisión de la Corte Constitucional refiriéndose a la eutanasia aplicada para menores de edad, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) manifestó su preocupación y aseguró que este acto es “una grave violación a la dignidad de la persona”. “Encontramos que el propósito de la reglamentación ordenada por la Corte va en contra vía del principio constitucional de defensa de la vida (artículo 11) y abre las puertas para que la sociedad llegue a legitimar la supresión de algunas personas y la negación de los más débiles y necesitados”, afirman los obispos colombianos en comunicado de prensa emitido en la tarde de hoy y firmado por el presidente del Episcopado Colombiano y Arzobispo de Villavicencio, monseñor Óscar Urbina; el vicepresidente de la CEC y Arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, y el Secretario General de este organismo y Obispo auxiliar de Medellín, monseñor Elkin Álvarez. Los obispos en su mensaje piden: Profundizar en la vida como el don más grande y maravilloso de Dios, dirigir más esfuerzos a la prestación digna, eficaz y humanizante de los servicios de salud, y multiplicar las acciones para acompañar y aliviar los sufrimientos de los enfermos. Finalmente hacen un llamado a los legisladores y profesionales de la salud, para que recuerden la invitación del Papa Francisco para que asuman “decisiones valientes y contra corriente” en defensa de la vida, especialmente la de los más pobres y débiles. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Vie 2 Dic 2016

Iglesia se pronuncia sobre exclusión de los organismos directivos del SENA

Ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible un aparte de la ley 119 de 1994, que permitía la designación de un representante de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), como miembro del Consejo Directivo Nacional del SENA, el presidente de la CEC, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, a través de un comunicado de prensa ha manifestado que con dicha sentencia se está desconociendo la historia de esa Institución. En este comunicado se recuerda como la Iglesia ha estado desde los inicios del SENA impulsando y creando modelos educativos a partir de la experiencia de comunidades religiosas como lo han sido los Jesuitas y Salesianos. “Por casi 60 años la Iglesia católica ha contribuido a la consecución de los objetivos del SENA, con el único deseo de aportar al crecimiento integral de sus estudiantes, a partir del propósito fundacional de formar profesionales para el desarrollo social, económico y tecnológico del país”. Así mismo continúa el mensaje “la Corte Constitucional olvida que la laicidad del Estado no impide permitir la contribución de las confesiones religiosas al diseño de políticas sociales y al desarrollo de iniciativas para el bien de todos”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Vie 3 Jun 2016

Entre desencantos y alegrías

Por Monseñor Libardo Ramírez Gómez - Han trascurrido 10 años desde que la Corte Constitucional de Colombia, que se ha convertido en “Omnipotente Constituyente”, que va reformando el sentido, y, a veces, la letra de nuestra Constitución, despenalizó el delito del aborto en tres circunstancias. La determinación de esa Corte trajo secreto desencanto entre los abanderados de implantar el aborto porque no fue una “legalización” sino solo “despenalización”, lo cual a quienes rechazamos ese delito nos trajo algo de paz e íntima alegría. Los resultados mismos de los esfuerzos de entidades pagadas por poderosos empeñados en que se le abra paso libre no les han sido satisfactorias, causándoles desencanto, pero alegría de quienes vemos que, a pesar de esos esfuerzos, por la conciencia recta de los colombianos se ha salvado la vida de muchos niños de ese herodiano propósito. Como “un derecho que aún no es fácil ejercer en Colombia”, se ha presentado, esos resultados no satisfactorios a los abortistas, lo cual nos alegra a quienes estimulamos a valientes organizaciones pro vida que han llevado a la reflexión a muchas madres a no mancharse con acabar con el hijo de sus entrañas, y han ofrecido la oportunidad de gozar con sus hijos o hijas, salvadas de las aguas de esa letal corriente. Se sigue insistiendo en el lenguaje de quienes propician el aborto en la desfiguración de la verdad al presentar lo decidido por la Corte como “derecho a abortar”, cuando solo habla de “despenalización” en unos casos. Igualmente, y desde el mismo Ministerio se dio una reglamentación para impulsar esta práctica como si fuera un derecho, y se invirtieron millonadas en propaganda a esto y se quiso violentar la conciencia de los médicos con amenaza de despido si no lo practicaban. Paladina fue la argumentación jurídica contra esa reglamentación por abogados como Luis Rueda, que hizo que se la declarara legalmente insubsistente, algo que nos alegró a los opositores, pero, por influencias de los propiciadores, se la ha seguido manteniendo abusivamente con apoyo del Gobierno, con satisfacción de éstos. Sigue, en el fondo, la discusión sobre la licitud o no de quitar la vida a un niño por nacer, así esté científicamente comprobado que es persona con plenos derechos desde el instante de su concepción, con llamado por esta realidad a que cuando hay conflicto entre su supervivencia y la vida de la madre, para obrar correctamente, se debe buscar salvarlos a los dos y no sacrificar al más débil e indefenso. Es de tener en cuenta que al alegar los tres casos en los que omnipotente Corte declaró despenalizado el aborto se pueden presentar estas grandes objeciones: que se reclame por “violación” cuando no haya sido cierta sino con voluntario consentimiento, y hasta con provocación de la mujer; que en el caso de amenaza a la salud o vida de la mujer haya exageraciones de esa situación, pues en todo embarazo hay algún riesgo; que ante un feto con deformidad, se dé muerte a la creatura habiendo medios médicos para corregirla y salvar al niño, con sentido humanitario, y no con despiadado método hittleriano . Siguen los esfuerzos de partidarios y adversos al aborto, con desproporcionados medios económicos y publicitarios los primeros, pero con fuerza espiritual y conciencia limpia que dan fortaleza a los segundos. Algo de satisfacción por sus logros tendrán los abortistas, pero seguirán teniendo desencantos porque los empeñados en difundir la gran alegría de detener esa matanza de niños por nacer seguiremos luchando por salvar esas vidas, y a las madres librándolas de la inevitable congoja de ser asesinas de hijos inocentes. Está de por medio la vida y salud de ellas, pero hay que lograrlo sin esa horrenda determinación de matar al hijo colocado por permisión divina en sus entrañas, y que les ha dado el grande honor y alegría de ser madres. Por Monseñor Libardo Ramírez Gómez *Obispo Emérito de Garzón Email: [email protected]

Mié 1 Jun 2016

El cristo de espaldas

Escrito por: P. Raúl Ortiz Toro - Hace pocos días la Corte Constitucional de Colombia ha respondido negativamente a un derecho de petición de un funcionario de la vicepresidencia de la misma Corte que solicitaba quitar el crucifijo de la sala de deliberaciones ubicada en el Palacio de Justicia. Seis votos contra tres dieron como resultado el rechazo de la Corte a quitar el crucifijo del lugar donde hoy está ubicado. En nombre de la laicidad del Estado el peticionario justificó que el Cristo expuesto atentaba contra los derechos fundamentales de los funcionarios que profesan una fe distinta a la católica; en la respuesta, la Corte argumentó pálidamente aludiendo al valor histórico y artístico de la talla, obra de un artista de la Candelaria, y se refirió al hecho de que se trata de un recinto privado aun cuando se deliberen asuntos públicos. Como la Corte Constitucional dejó abierto el debate sobre si en el futuro pueden ubicarse en la Sala otros “símbolos” de distintas religiones entonces un abogado ha presentado un segundo derecho de petición para que – ya que no quitaron el Cristo aludiendo a la libertad religiosa de tenerlo expuesto, respuesta muy constitucional – ahora también se fijen otros símbolos que representen a las diferentes religiones de los colombianos “incluidos los símbolos de la Logia Masónica” por ser “corriente de pensamiento”, para salvaguardar el derecho a la igualdad. Ya van descontando los quince días que tiene la Corte para dar respuesta. La Corte Constitucional de Colombia, con Cristo y todo en su Sala, sin embargo ha dado muestras de que no siempre ha sido cristiana en sus decisiones. Eutanasia, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción homoparental y otros temas han pasado por la Corte y han salido mal librados desde la óptica cristiana. Que hayan dejado el Cristo allí colgado, como testigo de algunos de sus desafueros, no me parece una victoria de la fe católica sino una evidencia de cómo las convicciones religiosas se han ido trasmutando en ideologías culturales. ¿De qué nos puede servir un Cristo fijado en la pared si sus enseñanzas no están fijadas en el obrar consecuente? Lo necesario es que las dos realidades estén vinculadas: manifestar externamente una convicción interna. Y en el mismo sentido aprovecho para señalar lo siguiente: En días pasados la Corte Constitucional comenzó a hacer jurisprudencia cuando declaró inconstitucional un artículo de la ley que declara la Semana Santa de Pamplona como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El artículo se refiere a la destinación de recursos públicos para esta actividad religiosa; ya hemos escuchado la voz del Señor Arzobispo de esta ciudad quien ha dejado en claro que la Iglesia no recibe dineros públicos del Estado y que por lo tanto la celebración de la Semana Santa no está en riesgo ya que en realidad son fundaciones, juntas o asociaciones laicales las que reciben estos dineros. Lo que no tiene presentación es que por evitar perder un aporte de dineros públicos estas entidades quieran aparecer como tan independientes de la Iglesia Católica que presenten la Semana Santa como un acto cultural y tradicional sin raigambre religiosa, lo que vendría a ser un contrasentido. Y así se confirma lo que acabo de expresar: No basta con tener un crucifijo en una sala de la Corte o con sacarlo en procesión; tendremos un Cristo de espaldas si el Hijo de Dios pasa a ser mero símbolo cultural. P. Raúl Ortiz Toro Docente del Seminario Mayor San José de Popayán [email protected]

Lun 11 Abr 2016

Decisión inicua de la Corte sobre matrimonio igualitario

El obispo de la diócesis de Facatativá, monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, manifestó su dolor ante el aval que la Corte Constitucional dio a la figura de unión entre parejas conformadas por personas del mismo sexo. El prelado denunció que esta decisión fue una extralimitación de funciones en las que incurrió la Corte Constitucional, señaló además que “esta es una decisión contra la ley natural y, por lo mismo, contra la humanidad, contra la familia y contra la sociedad”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]