abuso a menores

Por: Monseñor Libardo Ramírez Gómez - Causa dolor constatar graves fallas en abuso de menores de parte de los llamados ser “luz del mundo y sal de la tierra” (Mt. 13,16), pero no hay qué olvidar que portadores de esa gran misión son “vasijas frágiles de barro” (I Cor. 4,7). Por bondad divina la mayoría de ellos han sido fieles testigos de un diario vivir en la limpieza y altura que esa misión exige, y procuran un vivir como lo hacía S. Pablo y poder decir: “Sed imitadores míos, como yo lo soy de Jesucristo” (I Cor. 11,1). No es agradable aludir a este tema, pero la Iglesia, con humildad lo ha venido haciendo y tomando medidas para extirparlo. Es cuanto ha hecho nuestra Conferencia Episcopal este 10-02. Después de referirse a otros temas de gran preocupación pastoral, que se deben afrontar, como los de “la emigración”, el cuidado de la “casa común”, la tierra, “los caminos para buscar y afianzar la paz”, pasan a dar “líneas guía para la cultura del cuidado”, en las cuales están las reflexiones y determinaciones frente a los que se califican de “crimen y grave pecado”, delito por el cual pide perdón a las víctimas. Es de gran precisión el texto siguiente: “Seguimos asumiendo, con firmeza y responsabilidad, la debida atención a las víctimas y a sus familias, mantenemos nuestro compromiso que en cada caso se haga justicia, y se promuevan los protocolos de prevención, que hagan de nuestras instituciones ambientes seguros que susciten la promoción humana y el encuentro con Dios”. En el aspecto de penas personales y económicas, la Iglesia deja el proceso en manos de los Tribunales Civiles, con los cuales colaborará enviando a ellos los casos, suministrando datos que no caigan bajo sagradas reservas. Las entidades eclesiásticas no asumen ellas mismas responsabilidades de personas a quienes ha procurado formar debidamente, y a las que castiga con severas penas eclesiásticas, sino que conmina a cumplir esas responsabilidades, que han de asumir al ser sancionados. Ha hablado, con amplitud y claridad, el Arzobispo Luis José Rueda, mostrando de la decidida voluntad del Episcopado de colaborar eficientemente en la reparación de esos delitos que avergüenzan al pueblo colombiano, por actores católicos que no son solo eclesiásticos, sino también educadores, dirigentes civiles y militares, y aún padres de familia. No ha sido acostumbre de la Iglesia callar, y ser benigna con estos dolorosos hechos, ha dado claros pronunciamientos y aplicando debidas condenas, recordando severa disciplina y llamado a orar por la plena enmienda de culpables. Es de tener en cuenta esta reiterada condena, secundando, desde todos los ángulos la severa disciplina, y llamado a orar por la plena enmienda de culpables. Que en todos los ambientes se hagan esfuerzos de depuración por evitar el mal, con aquel inquietante interrogante: “Si la sal se corrompe con que se salará” (Mt. 5,13). Son tantos los esplendores en el mundo que aportan las vidas de los creyentes y de sus directivos, y, por ello, inmensa la pena por las claudicaciones. Que haya compromiso de todos en luchar por evitarlas, con repulsa en todos los ambientes, con oración por la eficacia de las medidas en la Iglesia, que, da tantos aportes para la vivencia y difusión de su fe para bien de toda la humanidad. + Libardo Ramírez Gómez Obispo emérito de Garzón

El Papa Francisco modificó el Código de Derecho Canónico para indicar a los superiores de congregaciones religiosas cómo actuar en el caso de que uno de sus miembros cometa algún delito, como el de abusos a menores y personas vulnerables. El Santo Padre promulgó este 26 de abril el motu proprio “Recognitum Librum VI” que modifica el canon 695 §1 del Código de Derecho Canónico. El documento publicado en latín y traducido en lengua italiana recuerda que el 1 de junio de 2021, con la constitución apostólica Pascite gregem Dei se promulgó el Libro VI del Código de Derecho Canónico, De sanctionibus poenalibus in Ecclesia. En este libro, se explica que “se han tipificado de forma diferente algunos delitos”, mientras “otros nuevos se han introducido” y, además, “ha cambiado también la sucesión de los cánones”. Y se indica que esto requiere una modificación para garantizar la concordancia con los cánones de otros Libros del Código. Después de consultar al Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el Papa Francisco cambió el texto del canon 695 § 1 de la siguiente manera: “Un religioso debe ser destituido de un instituto por los delitos mencionados en los cánones 1395, 1397 y 1398, a menos que, en el caso de los delitos mencionados en los cánones 1395 §§2-3 y 1398 §1, el superior mayor considere que la dimisión no sea totalmente necesaria y que se pueda proveer de otro modo tanto a la corrección del religioso como a la reintegración de la justicia, o a la reparación del escándalo”. El canon 1395 se refiere a delitos de clérigos contra el sexto mandamiento e indica que, si el delito ha provocado escándalo y “se ha cometido públicamente, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. Además, menciona el caso del clérigo cuando “con violencia, amenazas o abuso de su autoridad, comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo u obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales”. El canon 1397 subraya también los casos en que el clérigo “comete homicidio, o rapta o retiene a un ser humano con violencia o fraude, o lo mutila o lo hiere gravemente, debe ser castigado, según la gravedad del delito”, así como también quien ha procurado “el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae”. El canon 1398 se refiere al “delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela”, así como también el caso en el que “obtiene, conserva, exhibe o divulga, de cualquier modo y por cualquier medio, imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón”. Antecedentes La Constitución Apostólica Pascite gregem dei (Apacentad la grey de Dios) fue firmada por el Santo Padre en la Solemnidad de Pentecostés, 23 de mayo de 2021 y difundida por el Vaticano el 1 de junio de 2021. En este texto, el Papa Francisco reformó el libro VI del Código de Derecho Canónico con la Constitución Apostólica Pascite gregem dei que abarca “algunos aspectos fundamentales del derecho penal, como por ejemplo el derecho a la defensa, la prescripción de la acción criminal y penal, una más clara determinación de las penas” para ofrecer “criterios objetivos a la hora de individuar la sanción más adecuada para aplicar en cada caso concreto”. Además, el Pontífice estableció que el nuevo libro entrara en vigor el 8 de diciembre de 2021 y que quedara abrogado el vigente Libro VI del Código de Derecho Canónico del año 1983. Asimismo, en la constitución apostólica, el Santo Padre destacó que “para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo, resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por San Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, con el Código de Derecho Canónico”. “Era necesario modificarla de modo que permitiera su empleo a los pastores como ágil instrumento saludable y correctivo, y que pudiese ser usado a tiempo y con caritas pastoralis, a fin de prevenir males mayores y de sanar las heridas causadas por la debilidad humana”, dijo el Papa Francisco. Por su parte, en 2007 el Papa Benedicto XVI “encomendó́ al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos la tarea de emprender la revisión de la normativa penal contenida en el Código de 1983”. En esta línea, este Pontificio Consejo se dedicó a “analizar concretamente las nuevas exigencias, a identificar los límites y las carencias de la legislación vigente y a determinar posibles soluciones, claras y sencillas” y agregó que este estudio se ha realizado “en espíritu de colegialidad y de colaboración, solicitando la intervención de expertos y de pastores, y confrontando las posibles soluciones con las exigencias y la cultura de las diversas Iglesias locales”. Tras la redacción de un primer borrador del nuevo Libro VI del Código de Derecho Canónico, fue enviado a todas las conferencias episcopales, a los dicasterios de la Curia Romana, a los superiores mayores de los institutos religiosos, a las facultades de Derecho Canónico y a otras instituciones eclesiásticas, para recoger sus observaciones. Hasta el momento, de los 89 cánones que forman parte del Libro VI, se han modificado 64, se han cambiado de lugar 9 y se han dejado con la redacción y en la ubicación original 17. Entre las novedades del nuevo Libro VI se incluye el concepto de vigilancia, que no estaba en la redacción anterior. Se han recuperado algunas tipologías de delito presentes en el Código de 1917 y que no se incluyeron en el de 1983, como la corrupción en actos de oficio, la administración de sacramentos a personas que tienen prohibido recibirlos, o la ocultación de irregularidades. Asimismo, se le da una nueva dimensión al delito de abusos a menores al encuadrarlo en los delitos cometidos contra la dignidad de la persona en vez de en los delitos contra las obligaciones especiales del clero. Además, se han incorporado nuevos tipos de delito, como la violación del secreto pontificio, la omisión de la obligación de dar cumplimiento a una sentencia o decreto penal, o el abandono ilegítimo del ministerio. También se ha prestado especial atención a la tipificación de los delitos económicos, como la transferencia de bienes eclesiásticos sin las necesarias consultas, delitos patrimoniales cometidos por mala gestión, o la malversación. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Motu proprio “Recognitum Librum VI”[/icon] Fuente: Agencia católica ACIPRENSA

Publicada la Instrucción ‘sobre la confidencialidad de las causas’, en la que se establece la eliminación del secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abusos sexuales de menores, monseñor Elkin Álvarez Botero, Secretario General de la Conferencia Episcopal, señaló que la Iglesia colombiana “recibe con un corazón dispuesto estas medidas que nos ayudan al tratamiento de estos casos, sintiendo que estos delitos no pueden seguir sucediendo en la Iglesia, ni en ningún ámbito". En entrevista con medios de comunicación, el prelado se refirió a las medidas que contempla esta Instrucción. Primero. Se considerará delito “la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años”. Hasta ahora, se consideraba delito de pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años. Segundo. Se elimina la obligación de que el abogado o procurador en los procesos canónicos sea un sacerdote. “No solo los sacerdotes con título en Derecho Canónico pueden acompañar los procesos contra sacerdotes que hayan abusado o que sean eventuales abusadores de menores, ahora también lo pueden hacer fieles laicos con título en Derecho Canónico”. Tercero. Se levanta la obligación del ‘secreto pontificio’ para los procesos canónicos de abuso de menores de parte de sacerdotes o religiosos. “La Santa Sede ha adoptado esta decisión explicando que permite ampliar la perspectiva de colaboración con las autoridades civiles, entregando copias de la documentación, bajo las determinaciones de los organismos competentes del Estado”. Además, se puede informar a las víctimas del curso del proceso y de las sentencias. Esto no significa que la documentación sea absolutamente pública, pues “se debe garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de las personas involucradas en el proceso”. Al respecto, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó, en una contribución distribuida por la Oficina de Prensa del Vaticano, que la eliminación del ‘secreto pontificio’ en los casos de delitos de abusos sexuales no supone un menoscabo al secreto de confesión. “La Instrucción no tiene ningún tipo de colisión con el deber absoluto de observar el sello sacramental, que es una obligación impuesta al sacerdote en razón de la posición que ocupa en la administración del sacramento de la confesión, y de la cual ni siquiera el penitente podría liberarse. Ni siquiera la Instrucción tiene el deber de estricta reserva adquirida posiblemente fuera de la confesión, dentro de todo el fuero ‘extra sacramental’”, señaló. Protección de menores en la Iglesia colombiana Para favorecer un ambiente eclesial seguro para los menores de edad, monseñor Elkin Álvarez recordó que se ha venido estableciendo en las jurisdicciones eclesiásticas (arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos), unas medidas eficaces de prevención de eventuales casos de delito sexual. Además, “las jurisdicciones eclesiásticas colombianas tienen un mecanismo estable para la recepción de denuncias de abusos de menores”. La Conferencia Episcopal ha venido actualizando las directrices para el trato de los casos de eventuales abusos contra menores de parte de clérigos. Se han hecho avances en la misma línea de los recientes decretos presentados por el Papa Francisco. También se ha propiciado la cooperación con la Fiscalía General de la Nación a este respecto.

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - Ha sido noticia en estos días el encuentro del Papa Francisco con los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para afrontar el tema de los abusos a menores. Decía, en efecto, el Papa “la carga de la responsabilidad pastoral y eclesial nos pesa, obligándonos a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad”. Esta reunión no es el punto inicial sino un paso más en un camino doloroso de prevenir y combatir este drama mundial de los abusos a menores, que la Iglesia viene recorriendo desde hace varios años. El encuentro apunta a que siendo un problema global tenga también una respuesta global. Enfrentar seriamente este problema es muy complejo, pues exige actuar en múltiples campos: la formación de los candidatos al sacerdocio, la recta y eficaz aplicación de las disposiciones legislativas ya dadas por el Magisterio para las denuncias, investigaciones y procedimientos frente a este crimen de acuerdo también con las disposiciones dadas en cada país, la cuidadosa atención a las víctimas, la colaboración con diversas entidades para la prevención y corrección con decisión y justicia de los delitos, la adecuada pastoral sacerdotal, el permanente acompañamiento de la comunidad cristiana. Si se quiere superar radicalmente este mal es preciso entrar en un espíritu de purificación y conversión. Hemos aceptado un contexto de materialismo, hedonismo y relativismo que borra los criterios y normas del comportamiento moral, que anula la dimensión trascendente de la vida y que impide una auténtica espiritualidad. Hemos perdido la fe; hemos pecado mucho. Por tanto, necesitamos una conversión profunda que vaya a las raíces; no basta con poner controles jurídicos. Nos tenemos que comprometer a asumir la transformación total que ofrece el Evangelio y que lleva a la madurez humana y a la santidad que brillan en Cristo. Es necesario de otra parte, como ha señalado el Papa, transformar este mal en una oportunidad para la limpieza y acrisolamiento de la Iglesia. Nos encontramos en un momento de transición. Es verdad que toda transformación entraña aspectos inquietantes, pero esta evolución marcará la llegada de una nueva era y esto nos debe llenar de esperanza. Para ello, debemos comenzar por sanar las graves heridas que ha dejado el escándalo de la pedofilia tanto en los menores como en los creyentes. Urge en todos los católicos una sólida formación humana, una fe a toda prueba, un recio camino espiritual y una inquebrantable decisión de comunión eclesial. La Iglesia debe fortalecer su credibilidad. Si quiere cumplir su misión de presentarse como maestra para guiar la vida moral y la formación espiritual de la sociedad, no puede empañar su autoridad con las incoherencias y los testimonios perversos de las personas que en su interior cometen estos crímenes gravísimos, que avergüenzan a toda la comunidad, que llevan a los sacerdotes inocentes a cargar el peso de esta plaga y que entorpecen su tarea apostólica. Esto está haciendo realmente mucho daño. Debemos lograr que la comunidad se sienta segura y que las niñas, los niños y los jóvenes puedan participar con confianza en la vida de la Iglesia. Estos propósitos requieren entre nosotros una verdadera solidaridad. Como ha subrayado el Papa Francisco, siguiendo a san Pablo, somos un solo cuerpo, por eso todos somos responsables. Precisamente, la convocatoria de todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de todas las comunidades eclesiales de cada país, significa que se trata de un problema global de la Iglesia y que debe afrontarlo todo el pueblo de Dios. Es una movilización de toda la Iglesia para que reaccione solidariamente. Toda la Iglesia junta debe escuchar, afrontar y encontrar los mejores caminos en este momento. Oremos mucho y comprometámonos decididamente con humildad y esperanza. + Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín

Así lo aseguró el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, padre Jordi Bertomeu, durante el curso de actualización sobre el manejo de casos de abuso sexual a menores que dicta a los obispos del país. El sacerdote recuerda que la Iglesia tiene el compromiso ineludible de tutelar el derecho de los niños, quienes son los más débiles y vulnerables en la sociedad. “La Iglesia debe ser un lugar seguro, por ello está comprometida en estar vigilante y en hacer justicia”, afirmó. Lamenta que algunos miembros de la Iglesia cometan tales delitos, no sólo contra los menores, sino también contra la misma Iglesia y su ministerio. En este marco recuerda que los obispos “deben tener una actitud muy vigilante, tutelar lo que ocurre en sus diócesis y sanar las heridas, recuperando a todos los que han sufrido estos delitos”. Durante estas jornadas los prelados del país actualizan sus conocimientos, despejan dudas y disciernen en cómo mejorar la política de prevención que tiene la Iglesia. El sacerdote, de origen español, subraya la obligación que tienen los obispos de conocer cómo la Iglesia Universal ha legislado sobre estos casos tratados según derecho, para lograr que la Iglesia sea un lugar seguro, especialmente para los menores. Recuerda que, si bien la tarea de velar por la seguridad de los menores recae principalmente sobre los pastores, también los fieles tienen el deber de denunciar los casos que se presenten. “No podemos tolerar que se tape o esconda para que la Iglesia no quede mal. La Iglesia ya está mal cuando hay un delito de este tipo”, afirmó. Asegura que los obispos colombianos están comprometidos con la justicia, por ello valora el magnífico trabajo que vienen realizando en un permanente diálogo y reflexión con la Santa Sede. “Los obispos colombianos han realizado una gran labor en los decretos que han emanado para aplicar la legislación general de la Iglesia. Es una legislación particular que es referente en América Latina, pero que, como todo, todavía hay que mejorar y hay que trabajar para aplicarla”, aseguró. Finalmente comentó que el Papa Francisco mira con particular cariño a Colombia y estos cursos, impartidos en los propios países, aunque no son habituales, cuando se realizan en un país como Colombia indica que el Santo Padre quiere acompañar a los obispos en su reflexión sobre este tema.

Con estas palabras el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, rechazó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre un caso de pederastia. "No tengo en este momento presente si haya casos de pederastia, creo que ha habido en el pasado algunos pero son casos muy excepcionales como para decir que la Iglesia Católica es responsable, esto sencillamente es una ofensa a la Iglesia", apuntó. En diálogo con RCN la radio el jerarca indicó que hasta la fecha la Iglesia no ha sido notificada oficialmente sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que condena a esta institución por un caso de pederastia. Monseñor Castro Quiroga afirmó que el sacerdote cuyo caso motivó la sentencia de la Corte debe responder de forma individual y no hacerse extensiva la condena a toda la institución. "Qué sentido tiene una condena a la Iglesia católica, es decir, a los católicos de Colombia, qué culpabilidad puede haber por parte de la Iglesia como tal frente a una cosa privada de un individuo y que no está de ninguna manera dentro de lo que la Iglesia pide a sus sacerdotes", añadió. "Uno no entiende cómo, por un acto individual, personal, totalmente contrario a lo que pide y enseña la Iglesia, después se condene, no sé si haya casos parecidos con otras instituciones, por ejemplo, en el campo de la educación, cuántos profesores no pudieron estar implicados en esto, y jamás se ha dicho que queda castigado el Ministerio de Educación o el Gobierno por estas cosas, porque son actos individuales". Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal rechazó ese tipo de actos que están claramente prohibidos por los estatutos y dijo que no se puede decir que la Iglesia ha tenido algún tipo de participación en los mismos.