exigencias tributarias

Por: Mons. Carlos Arturo Quintero Gómez - Por estos días resuena en nuestros oídos y el corazón la propuesta de un grupo de congresistas en relación con el pago de impuestos por parte de las iglesias. Sin embargo, aunque la propuesta ha sido bien recibida por muchos sectores y, desde la Iglesia católica ha habido la buena voluntad de corresponder a la economía nacional, realizando un trabajo transparente en materia tributaria, es importante que nuestros lectores conozcan qué compromiso tiene nuestra Iglesia en este sentido. Es verdad que la Iglesia católica cuenta con un concordato vigente desde 1973 que ha recibido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, sin embargo, hemos dado el buen ejemplo en el pago de los impuestos que nos corresponde, aunque es importante aclarar que hoy no es tan fácil el sostenimiento de una parroquia, que implica el pago de empleados, sostenimiento del culto, mantenimiento de los templos, emolumentos eclesiásticos, bienes administrados en nombre de la comunidad, sostenimiento de las obras sociales y las consiguientes exigencias tributarias. Hoy nuestras diócesis sobreviven en medio de dificultades económicas pues no se alcanza a suplir todas las necesidades materiales. Para que nuestros lectores se informen, nuestra diócesis ha ido asumiendo las exigencias contables vigentes como las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF-, está implementando el Sistema de Seguridad en el Trabajo, se ha comprometido con la protección de base de datos, la conservación, cuidado y mantenimiento de los cementerios y la protección del medio ambiente. La diócesis de Armenia como porción del pueblo de Dios está organizada en 56 parroquias; en ella coexisten 24 casas de comunidades religiosas masculinas y femeninas además del Seminario Mayor San Juan Pablo II y el Parque Fundación Jardines de Armenia. Tan sólo la curia diocesana, Jardines de Armenia y las parroquias cuentan con aproximadamente unos 305 empleados –trabajos directos y por prestación de servicios- que hemos cuidado, incluso durante el tiempo de pandemia para lo cual se elaboraron unos planes de contingencia que permitieron hacer una proyección social y económica. Cada parroquia cuenta con un consejo de asuntos económicos que asesora a los párrocos, por lo que se tiene una contabilidad organizada y transparente. Por lo mismo, se cuenta con un colectivo de contadores y un grupo de secretarias auxiliares contables. Nos regimos por las exigencias tributarias y un Estatuto Diocesano de Administración, que marca la ruta de gobierno para nuestra diócesis y las parroquias, en las que los párrocos deben actuar con responsabilidad, sin tomar decisiones arbitrarias, consultando y solicitando permisos y autorizaciones en materia de adecuaciones, construcciones, inversiones, venta o compra de bienes. Desde las parroquias, las comunidades religiosas, el parque cementerio, el centro de servicios de la diócesis, se paga el IVA por los arrendamientos de bienes inmuebles, se contribuye con el cuatro por mil, se paga el impuesto al consumo en las compras, se practica las retenciones de ley, se presenta la información exógena a la DIAN cada año, se cumple con las obligaciones laborales como cualquier entidad legalmente constituida –prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, etc.- se factura electrónicamente, se paga impuestos por vehículos y se certifican las donaciones recibidas enviando los respectivos reportes a la DIAN. Además, se ha ido actualizando el pago de predial en las diferentes comunidades, advirtiendo que las casas curales, los templos y cementerios se hallan exentos de estos impuestos. El sostenimiento de las obras sociales y la administración parroquial se da gracias a algunos proyectos internacionales, a la realización de banquetes, festivales, la venta de empanadas, donaciones, jornadas de amor y el diezmo que nos permite asimismo promover acciones de evangelización, así como las ofrendas y los estipendios de las misas. Lo que ingresa a una parroquia no le pertenece al párroco; lo que ingresa a la diócesis no es para el obispo; se tienen unos emolumentos que no corresponden a un salario ya que los sacerdotes renuncian a acumular bienes, respetando a quienes han ido ahorrando para su vejez. No se tiene una mentalidad mercantilista ni la intención de la Iglesia es capitalizar acumulando bienes, sino la de proveer para los gastos necesarios y coadyuvar en los procesos sociales, cimentando la vida eclesial en la dimensión espiritual. Muchas de las acciones sociales, que, de suyo, le corresponden al gobierno nacional, regional y local, son lideradas e implementadas por nuestras parroquias y desde una pastoral social, orgánica y organizada sin contribuciones de los gobiernos, con la convicción de responder a la llamada de Jesús: ‘denles ustedes de comer’ (Lc 9, 13). De esta manera, con esta breve presentación queremos mostrar el rostro de una Iglesia católica comprometida con la economía nacional. Desde nuestra propia realidad buscamos impulsar una ‘economía de comunión’ que nos permita alcanzar la prosperidad desde el evangelio superando la pobreza y las pobrezas, hacia la dignificación de los seres humanos y la consolidación de una sociedad más justa y más humana. + Carlos Arturo Quintero Gómez Obispo de Armenia