homicidios

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía - Estamos dejando volver un “matadero” a nuestra amada ciudad de Cali. De lejos, pasa de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que Bogotá registra menos de 14. Fines de semana con cifras de 18 o más asesinatos, como el del pasado puente de marzo, ponen a Cali como la primera entre las ciudades violentas de Colombia y la segunda en el Continente. La cadena de homicidios sistemáticos es la más grave degradación de nuestra relación y convivencia, sin una reacción de la razón colectiva, ante la bofetada que es para todos cada muerto o muerta, porque, en muchos de los casos, las víctimas son mujeres. Calificar el hecho del asesinato de una u otra manera, o dar explicaciones que son ya lugares comunes, es mantener el esquema de “dejar pasar”, “dejar hacer”, que se replicará una y otra vez, de manera infinita, sin que se conozca la verdad del hecho, de los responsables, de los cómplices, de los móviles y causas, de los investigadores que se hacen cargo, de la garantía de información sobre el proceso, limitada en el tiempo, sobre los casos. Investigar, actuar, crear mecanismos de justicia apropiados y eficaces para asumir estos casos, prevenir al máximo la reproducción o continuación de la conducta violenta, sería lo primero, junto al tratamiento de situaciones o “caldos de cultivo” de la misma, con acción conjunta de Estado, Sociedad y población vulnerable, víctimas y victimarios potenciales. Todo esto, ciertamente, reclama una transformación del sistema de justicia y verdad, de prevención y rehabilitación, de cárceles y post-penados. El Estado no puede mantener conceptos clasistas y elitistas de “seguridad privada” y de protección oficial; mucho menos generar falsas modalidades de alianza entre fuerza y justicia estatal con la población civil, involucrándola mediante el falso concepto de derecho a la auto-defensa: civiles armados, organizaciones para-militares, redes de informantes. O también, en el peor de los casos, la corrupción de personal al servicio del Estado, de autoridad civil, judicial, policial o militar, comprometidos con delincuentes, en suministro de armas, en acciones delictivas, en ejecuciones sumarias. Esto es lo más grave que puede ocurrirnos a quienes tenemos el servicio del bien, de la dignidad humana, o de la autoridad oficial: el abuso de la potestad para hacer el mal. Dolorosamente, esta quiebra moral de las instituciones, incluida la misma Iglesia en otros casos, es parte de la grave crisis y degradación de nuestra sociedad. Todos tenemos mucho que ver con esta degradación y, muchísimo más qué hacer para aportar a un cambio, hacia una restauración de la persona humana, del tejido social, de la vida civilizada y pacífica, de un reordenamiento ético, espiritual y legal. Pero, sin duda alguna, tenemos que dar un paso colectivo, de voluntad popular y política estatal, que le garantice a Colombia salir del matadero en el que vivimos aún. Mucho se ha logrado con los pasos de estos años, hacia una salida concertada de la confrontación subversiva, aún en difícil curso, y ahora, con la normativa que se lleva al legislativo, con carácter de urgencia, para un posible desmonte de las BACRIMs y las disidencias subversivas, mediante un sometimiento o acogimiento a la justicia, con garantías y estímulos. Este cuadro hacia un desarme social y una ocupación legal del Estado en los territorios urbanos y rurales, no dejándolos más a merced de los armados ilegales, será fundamental. El primer paso que debemos dar todos es la decisión y la elección política de salir del matadero, sacar a Colombia del matadero. Valga decirlo en esta época de elecciones: no podemos permitirnos seguir siendo una sociedad fracasada por el monstruo de las violencias. Fin a los asesinatos y violencias. Fin a la economía ilegal y criminal. Fin a la corrupción. Protección al trabajo y autoabastecimiento. Fortaleza a la justicia con verdad, a la educación con principios, a la familia y a la vida por nacer, a la salud y muerte natural, a la ciudadanía democrática. Son, entre otros, postulados de fondo para garantizar la convivencia pacífica y evitar la catástrofe y el colapso social. Postulados a tener en cuenta a la hora de dar el voto, sin miedos ni coacciones, por la opción más identificada con un inmediato futuro pacífico, digno, laborioso y próspero, de un país como el nuestro, con enormes posibilidades de serlo. La Pascua, que se inicia con el mes de abril 2018, nos convoca a mirar juntos la Cruz sin el Crucificado, y la tumba vacía sin el cadáver asesinado. Salir del Calvario y del sepulcro, deshacer todo el entramado y la urdimbre de mentiras, abusos, torturas, dignidad pisoteada, corrupción del poder y abuso del débil, que recordamos cada año en La Pasión y Muerte de Cristo, esa es la Pascua. Que en este año 2018 la asumamos como empeño de todos para salir y sacar a Cali y a Colombia del matadero. Que retomemos la propuesta y campaña Arquidiocesana de LUCHA: ¡Luchemos Unidos Contra el Homicidio y las Armas! Que hagamos del 2 de mayo, aniversario de la masacre de Bojayá, el Día Nacional del Perdón y la memoria nacional del Cristo Negro de Bojayá, con la oración que le compuso el Papa Francisco y que todos debemos memorizar: “Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte; junto con tus brazos y pies, te han arrancado a tus hijos, que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad: palpita también tu corazón para acogernos en tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo: Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado; tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad; tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén.” + Darío de Jesús Monsalve Mejía Arzobispo de Cali