crisis humanitaria

Ante el aumento de colombianos y venezolanos que cruzan la frontera en búsqueda de mejores condiciones de vida, salud, bienestar y trabajo, la Diócesis de Cúcuta, por iniciativa de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, decidió abrir la casa de paso “Divina Providencia” ubicada en la Parroquia San Pedro Apóstol en el Sector de la Parada, del municipio de Villa del Rosario, con el objetivo de brindar una ayuda espiritual, pastoral y material a las miles de personas que diariamente llegan a Colombia. Al día de hoy desde la inauguración de la casa de paso “Divina Providencia” el 05 de junio, se han entregado 71.059 almuerzos gracias a la generosidad de los benefactores, sacerdotes, religiosos, movimientos apostólicos, comerciantes y familias, que han dado muestras de caridad, al colocar a disposición de los más necesitados bienes materiales, tiempo y una buena atención a esta población afectada por las difíciles condiciones que se viven en el vecino país. En otra de las acciones que adelanta la Diócesis de Cúcuta y a la necesidad que se vive en la ciudad, en las periferias, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, a través de las parroquias, Cospas, el Banco Diocesano de Alimentos y la comunidad, dio apertura a las “Ollas Comunitarias” en la que se brinda alimento a la población migrante más necesitada. En el Comedor Parroquial “La Dolorosa”, del Barrio Camilo Daza (Parroquia Nuestra Señora de los Dolores), se han entregado un total de 4.041 almuerzos; en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Villa del Rosario, se han entregado 2.244 almuerzos; en la Parroquia Jesús Cautivo (Barrio la Ermita y Colombia 1) un total de 7.750 almuerzos; en la Parroquia Sagrada Familia un total de 2.154 almuerzos; en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, en Prados del Norte un total de 160 almuerzos y en el Comedor de la Parroquia san Antonio de Padua se registra un total de 3.380 platos de almuerzos. En total se registra la entrega de 19.729 almuerzos, a través de las “Ollas Comunitarias”, dirigidos a personas que viven en situaciones críticas de pobreza y necesidad, desplazadas por la violencia, desempleados, niños, adultos mayores y especialmente venezolanos. De otra parte la Diócesis de Cúcuta a través del Centro de Migraciones Diocesano, ubicado en el sector de Pescadero con el apoyo del Banco Diocesano de Alimentos, ha brindado alojamiento y comida a más 851 desplazados, deportados, retirados y migrantes (Población colombo-Venezolana). Fuente: Diócesis de Cúcuta

Los Obispos católicos de Colombia, en profunda comunión con el Santo Padre, se unen al mensaje enviado por el Vaticano en relación a la crisis social, económica y política de Venezuela. Así mismo, expresan su apoyo a las diferentes diócesis que trabajan permanentemente por nuestros hermanos venezolanos. En el comunicado, enviado este viernes por la Secretaria del Estado del Vaticano, el Papa Francisco manifiesta su enorme preocupación ante la situación que vive el pueblo venezolano y que se ha visto agravada por las recientes elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Así mismo, “la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución”. Este es el texto completo del comunicado: La Santa Sede manifiesta nuevamente su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y de los detenidos. El Santo Padre, directamente y a través de la Secretaría de Estado, sigue de cerca dicha situación y sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales. Asimismo, asegura su constante oración por el País y por todos los venezolanos, mientras invita a los fieles de todo el mundo a rezar intensamente por esta intención. Al mismo tiempo, la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad. La Santa Sede dirige, finalmente, un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las Fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis que tienen jurisdicción en el departamento del Chocó expresaron su preocupación por la presencia de cuatro fenómenos que ponen en riesgo los procesos de paz. Así lo hicieron conocer, este viernes 17 de marzo, a través de un comunicado firmado por las diócesis de Apartadó, Istmina Tadó y Quibdó, además del Foro Interétnico y la Mesa Departamental Indígena. Frente al primer punto, preocupa la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y Campamentarias; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos tanto en las zonas rurales como urbanas; y las fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa, son puntos que preocupan. Un segundo lugar, preocupa la manera como el ELN ha venido ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios, lo cual pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades. [icon class='fa fa-download' link='']DESCARGA EL COMUNICADO[/icon] En tercer lugar, preocupa que en el Chocó se ha evidenciado el avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades. Finalmente, se denuncia que en los centros urbanos continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas especialmente entre los jóvenes y sectores marginales. Igualmente, existen testimonios de presencia de grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho. ENTREVISTA MONSEÑOR JUAN CARLOS BARRETO BARRETO En el comunicado se advierte que la población en general, muestra síntomas de desespero debido a la poca efectividad de las autoridades. En este marco se exhorta al Estado colombiano a generar mecanismos de protección para los habitantes del Chocó, a las guerrillas de las FARC y el ELN se les exige perseverar en la voluntad y el compromiso de poner fin al conflicto armado; al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y al Sistema de Naciones Unidas a continuar apoyando el Proceso de Paz y a los Medios de Comunicación ser aliados y visibilidad la crisis humanitaria en el Chocó. Foto: Semana

Así lo denunció el obispo de Istmina Tadó, monseñor Julio Hernando García Peláez al referirse a la grave crisis humanitaria que están viviendo comunidades originarias de las riberas de los ríos Baudó y San Juan. Las comunidades se encuentran en medio del fuego cruzado y piden “tregua humanitaria” como salida a la violencia que agudiza la crisis en la zona. Aproximadamente 500 personas de las comunidades afros de Peña Azul, Apartadó, Boca de León, Cocalito y Amparradó, así como el confinamiento de las comunidades indígenas de Geandó, Vacal y Puerto Peña son presas del miedo y la zozobra que causan los permanentes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. “Este era un pueblo tradicionalmente pacífico, pero en los últimos años se ha perdido la paz. La guerra, la zozobra, la desconfianza y la sangre afectan a la población civil, especialmente a mujeres y niños”, advirtió el prelado. Monseñor García Peláez explicó que las comunidades, producto del miedo, huyeron a poblaciones donde “no se produce nada” y esto está generando una grave crisis humanitaria.”No estamos debidamente preparados para enfrentar estas emergencias”, lamentó. Pidió la urgente presencia del Estado y las garantías para que la población pueda retornar a sus territorios. “Estamos permanentemente solicitando la presencia del Estado, su ausencia genera estas problemáticas”, aseguró el prelado. Así mismo comentó que hay una profunda desconfianza de la población sobre su seguridad. “Yo estoy convencido de que buena parte de la población cree que aquí no hay ley, aquí se obra una ley salvaje y se obra bajo la fuerza”, aseguró. El obispo señaló que si bien el Defensor del Pueblo, la administración departamental y municipal han colaborado con estas poblaciones, estas ayudas resultan insuficientes por la gravedad de la situación que se está viviendo. “Nosotros quizás podemos encontrar apoyo para un día, quizás dos, pero para 15 días, tres semanas o un mes la situación es muy difícil”. Según un comunicado en el que se denuncian estos hechos, se informa que la situación afecta, en gran medida, las dinámicas comunitarias y organizativas, viéndose gravemente deteriorada las actividades económicas de sus habitantes que al no poder movilizarse a realizar sus labores diarias, por el temor de caer en manos de los violentos, ser acusados de colaboradores de un grupo u otro y judicializados, pierden cada día los cultivos de pan coger, animales y medios de transportes. [icon class='' link='']DESCARGA COMUNICADO[/icon] Imagen toma de Internet

Frente a la crisis humanitaria que se ha venido agravando en el municipio de Turbo, por el represamiento de migrantes en situación irregular, la Pastoral Social Cáritas Colombiana, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y el Instituto Pensar, hicieron un nuevo llamado al Gobierno nacional . “Organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones académicas hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los Gobiernos de la región a tomar medidas urgentes que garanticen el goce efectivo de los derechos de los migrantes (...) De manera especial expresamos profunda preocupación por la integridad de los niños y niñas, las mujeres embarazadas y personas enfermas”, señala una misiva. El mensaje resalta que si bien la deportación es una medida administrativa legal y soberana de los Estados, no es la solución real a la situación actual de los migrantes. “Llamamos la atención sobre la obligación del Estado de «respetar el principio de no devolución, y por tanto, no deportar a otro país, sea o no su país de origen, a cualquier extranjero cuyos derechos a la vida, la integridad personal o a la libertad personal estén en riesgo de violación. El principio de no devolución es la norma fundamental de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados »” (CIDH, 2016). Por último las organizaciones firmantes de este comunicado hacen una invitación al Gobierno para que se revisen las políticas migratorias y se “adopten las medidas pertinentes, basadas en los derechos humanos” de este grupo de población. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar documento[/icon] Fotos: Tomadas de internet