Vie 2 Dic 2016
Así le paga el diablo, a quien bien le sirve
Por: Juan Carlos Ramírez Rojas - “Nada te turbe, nada te espante…”, exclamaba santa Teresa de Ávila. Hoy no sorprende que la Corte Constitucional haya declarado inexequible un aparte de la ley 119 de 1994 por medio de la cual se reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se prescribía que la Conferencia Episcopal de Colombia nombrara un delegado para el Consejo Directivo Nacional y en las diversas regiones. La razón de la presencia de la Iglesia en el SENA es multifactorial, entre ellas, que esta institución nació de la mano de la Iglesia, con un objetivo de promoción humana integral y si de algo se puede ufanar la Iglesia Católica es de ser cantera de humanismo.
La presencia de la Iglesia en el SENA trasciende el aspecto histórico. Cuando el Evangelio llega a la realidad social la ilumina, la transforma y la Iglesia, responsable de la Evangelización no es ajena a todo aquello que atenta contra el ser humano, “el camino de la Iglesia es el hombre”. El Evangelio no es indiferente a la vida de los hombres. La política, la economía, la cultura, el ocio y sus alternativas, el mundo del empleo y los asuntos laborales, las relaciones sociales, el acceso a la vivienda, la educación y la sanidad, las relaciones internacionales, etc., son cuestiones que afectan a la Iglesia, porque son elementos que forman parte determinante de la vida de cada hombre.
No se trata de que ella quiera reivindicar un espacio público que le ha sido usurpado desplazando la fe hacia la interioridad de la conciencia, sino que ella misma es la que se siente impulsada a preocuparse e interesarse por la dignidad personal de cada hombre, dado que ella está afectada por los gozos y esperanzas, angustias y tristezas de los hombres (cf. GS 1). En este sentido, la doctrina social de la Iglesia presta un gran servicio a la acción evangelizadora, a la vez que ella misma capta y se involucra en los aspectos que determinan la vida del hombre como ser social. Esta es la razón por la cual la Iglesia compromete su ser en todas las instituciones que ha creado para que las personas acrisolen su dignidad, sean gestores del bien común, instrumentos vivos de solidaridad y subsidiaridad.
Sacar a la Iglesia del SENA bajo el argumento del “Estado laico”, es desconocer la historia, cerrar un espacio de formación ética y moral a una población que no puede ser circunscrita a un simple proceso cognitivo, es negar un derecho fundamental en la formación humana como es la dimensión espiritual, “el fallo de la Corte quiere desconocer todo aquello que no esté de acuerdo con el pensamiento de unos pocos”.
La Iglesia es una realidad histórica, jurídica, cultural, teológica que el Estado no puede desconocer, “primero fue sábado que domingo”, y ella como todos los sectores del país tiene el derecho de aportar a la reflexión para la construcción de las políticas públicas.
Surge la duda: La llamada doctrina del “Estado Laico” que argumenta la Corte se inspira en el concepto de laicidad, entendido como “mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte o es un laicismo que refleja hostilidad e indiferencia contra la religión y la Iglesia. Queda el tufillo de la segunda.
La laicidad del Estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad (CPC art.19; Ley 133 de 1994).
El Papa Benedicto XVI afirma: “Tampoco es signo de sana laicidad negar a la comunidad cristiana, y a quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos, en particular de los legisladores y de los juristas. En efecto, no se trata de injerencia indebida de la Iglesia en la actividad legislativa, propia y exclusiva del Estado, sino de la afirmación y de la defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de la persona y salvaguardan su dignidad. Estos valores, antes de ser cristianos, son humanos; por eso ante ellos no puede quedar indiferente y silenciosa la Iglesia, que tiene el deber de proclamar con firmeza la verdad sobre el hombre y sobre su destino” (Congreso nacional de la unión de juristas católicos italianos, 9.12.2006).
En el marco del respeto por los fallos de la Corte, la Iglesia no va a renunciar a su misión. El mayor aporte que puede hacer la Iglesia a la sociedad es la evangelización, comunicar a los hombres el mensaje salvador de Jesucristo, muerto y resucitado, y hacerles partícipes de esa experiencia salvífica. El anuncio seguirá siendo explícito, con una dimensión ética, de realización de acciones, cuyo objetivo sea la puesta en práctica de la caridad para que los valores evangélicos alcancen la vida de los hombres en su acontecer cotidiano.
Juan Carlos Ramírez Rojas
Ecónomo-Director Financiero CEC
