estado

Por: Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro - Dos temas clave para considerar en la actual crisis social. La pregunta por la identidad nacional, en medio de esta histórica crisis social, cobra tal vez hoy como nunca muchísima relevancia. Sabemos, pero no hemos entendido. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que somos una nación caracterizada esencialmente por la diversidad: geográfica, étnica, cultural. Pero todavía no alcanzamos a entender cómo asumir un modelo de Estado que incluya esta caracterización de la nación y permita que todos se sientan parte de ella, no sólo afectiva sino efectivamente. Los reclamos de tantos sectores hoy son la explosión de un cúmulo de frustraciones y deudas sociales que el Estado no ha podido satisfacer suficientemente. El federalismo y el centralismo seguramente han aportado a la historia del país luces y sombras — expertos habrá que puedan identificarlas con argumentos objetivos. Tal vez ambos modelos y sus efectos no sean en sí mismos las causas de nuestros líos sociales. Lo cierto es que Colombia es percibida en muchas de las regiones como un país que se ha desarrollado mirando hacia el centro, y desentendido de las periferias, sin lograr sacar lo mejor del potencial y vocación propia que traen los diferentes territorios. Y los sueños que se vuelven frustraciones, se convierten en sentimiento de fracaso, de olvido y todo esto en inconformidad y la inconformidad alimenta rabia que se transforma en rebeldía y en muchos la rebeldía toma forma de violencias. Colombia es una nación con muchas heridas, causadas por problemas no resueltos, o resueltos a medias. Y se ha dejado pasar el tiempo sin detenerse a curarlas. Reconciliación, es una palabra recurrente en los ambientes eclesiales del país. A reconciliarnos nos invitó el Papa Francisco: «Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la “res publica” que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad», nos dijo a los Obispos esa 7 de septiembre de 2017. Reconciliarnos es una meta, pero también una tarea que presupone lo que el Santo Padre nos plantea: abdicar de la violencia como método, venga de donde venga y superar las desigualdades crónicas con un pacto social en el que “nadie se quede atrás”. Y esta tarea de construcción social nos debe incluir a todos. Recomponer confianzas, posibilitar escenarios de encuentro y constituir espacios permanentes de escucha, seguimiento y participacón, pueden ser un interesante comienzo. + Juan Carlos Cárdenas Toro Obispo Diócesis de Pasto

Al finalizar la jornada de diálogo del domingo 6 de junio, entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, facilitador del proceso por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), destacó 4 puntos: Valoración positiva del diálogo durante las tres semanas de encuentros entre las partes, logrando avanzar en una agenda nacional surgida desde las necesidades de diferentes regiones del país. La Iglesia Católica está dispuesta a seguir acompañando el proceso, tanto a nivel nacional como en los territorios. La Iglesia Católica reitera su cercanía con los sectores más vulnerables, particularmente con los jóvenes. Se entra ahora en una fase de reflexión de la que se esperan nuevas perspectivas para responder a las necesidades apremiantes de la sociedad y resolver las aspiraciones de fondo que fueron colocadas en este diálogo. Audio: Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria, Director Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y facilitador del proceso de diálogo

Este es el llamado de monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de Tumaco, tras el asesinato de 11 personas este fin de semana en la costa pacífica nariñense. El prelado rechazó estos hechos y lamentó la situación de violencia que se sigue ensañando contra la población. “Queremos enviar un saludo fraternal y de corazón a las familias de aquellas personas que han sido asesinadas, no solamente estas 11 personas que murieron en los últimos días, sino también la muerte de las tres mujeres en el municipio de Satinga, a sus familias nuestra solidaridad y cercanía espiritual”, indicó. Al resaltar que toda vida es sagrada y nadie tiene derecho sobre ella, afirmó que, si alguien tiene deudas con la justicia, son las autoridades quienes deben actuar para sancionar y llevar a los estrados judiciales a quienes cometen las faltas. Por lo que pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos para proteger la vida de toda persona. “Las autoridades deben proteger la vida de todas las personas y frente a estos hechos de violencia, pedimos a las autoridades que ayuden en el esclarecimiento de estas muertes y velen porque sus actores vayan a los estrados judiciales”. Finalmente, hizo una invitación a la comunidad para que unidos se busquen caminos que transformen estas realidades de muerte en caminos de reconciliación y paz, pues “no podemos caer en la justificación de la muerte de ninguna persona. En nuestro país no está establecida la pena de muerte, para decir que merece la muerte esta o aquella persona (…) Toda persona, aunque se haya equivocado, tiene derecho a ir a un juicio”.

Por: Rafael De Brigard - Que cada uno se pueda meter su por rito en el parque mientras los niños corren detrás de un balón y las mamás comparten las últimas noticias del barrio, es una muestra más de cómo la filosofía y el derecho actuales, y también cierta antropología, han elevado al individuo a la categoría de primera y última regla de vida. El lema es: para el individuo, cero límites; él lo es todo; sus derechos son prácticamente infinitos; su responsabilidad ante la sociedad es la menor posible; la autoridad debe inclinarse reverente ante sus pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Y la sociedad colombiana ha engendrado un Estado, una Constitución, unas leyes, unos gobernantes y unos ciudadanos que tienen una propensión casi que enfermiza a hacer valer lo que el individuo desea a costa de cualquier otro valor o parecer. Hemos llegado a institucionalizar un individualismo radical. Y al mismo tiempo, a desconocer en gran medida toda realidad comunitaria como el matrimonio, la familia, la sociedad, el barrio. Estas comunidades han sido arrinconadas por esta fuerza de hombres y mujeres que no ven más allá de sus narices y que quieren hacer todo lo que se les ocurra, sin ninguna consideración por sus consecuencias. Incluso reclaman el derecho de dañar sus propias vidas sin que nadie pueda oponerse a ello. Y la sociedad ha adoptado una cómoda actitud de “respeto y tolerancia”, incluso frente a la presencia de lo que destruye las personas. Claro que respeto y tolerancia forzada, pues de lo contrario hay linchamiento y juicio. Desde hace un tiempo se ha propuesto una ética del cuidado y es la que me parece nos está haciendo falta. Muchos individuos no quieren cuidar su vida y tampoco la de los que están a su alrededor. Cuidar significa ofrecer todo lo que causa bien a la persona y obstaculizar lo que la afecte y destruya. Y la tarea de cuidar tiene que hacerse entre todos los miembros de una comunidad o una sociedad y desde luego bajo la tutela de la autoridad. Pero, ¿una autoridad que comulga con el consumo de sustancias sicoactivas no podría ser acusada de ser cómplice del delito de destrucción de muchas vidas? ¿Y al facilitar esto en espacios públicos, la autoridad no se muestra más bien propensa a extender el mal que debería combatir? Si no queremos adictos cerca de los más frágiles, tampoco queremos más autoridades que con palabras elegantes estén favoreciendo la destrucción de personas y su dignidad. ¿Esto no es encubrimiento de un delito, aunque se le quiera llamar derecho? La legislación y la jurisprudencia en Colombia están encadenadas por ideologías, más que por filosofías profundas y sabias. Están arrinconadas por “modas” intelectualoides que están sacrificando a miles de personas y su dignidad. Trabajan para el aplauso de la galería. Pues han de saber que se están llevando a muchos por delante y por lo visto ya tienen a los niños en la mira. ¿Hasta cuándo los hemos de soportar? Rafael De Brigard, Pbro. Director oficina de comunicaciones Arquidiócesis de Bogotá

Por: Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo - Sí, la sociedad en la que vivimos la podemos definir como una sociedad arrinconada. Podemos hablar de muchas clases de sociedad: la sociedad antigua o primitiva, la sociedad del medioevo, la sociedad moderna, la agraria, la urbana, la industrial, la sociedad de consumo, hasta «la sociedad de los poetas muertos», y la sociedad del miedo, en el sentido en el que lo dice el sociólogo alemán Heinz Bude, cuando afirma que esta sociedad está fuertemente marcada por la incertidumbre, la amargura, la rabia y la impotencia. Esto se experimenta en muchos de los aspectos de la vida. Todo esto lleva a vivir en la sensación de una constante derrota, en la imposibilidad o al menos en la gran dificultad para avanzar; a la soledad en medio de la turba, a unas ganas irrefrenables de no hacer nada, a sentir que no vale la pena, que esto no tiene sentido y que la fuerza de unos pocos arrodilla a muchos: a las personas, a las instituciones, al comercio, a la industria. Sí, así se siente cuando asistimos a lo que estamos asistiendo en nuestro medio: estamos arrodillados por un puñado de forajidos, sin Dios y sin ley. Pequeños grupos de delincuentes que a todos amenazan, que no le es suficiente que hayan invadido nuestras calles, nuestras escuelas y colegios de droga, llevando a niños y niñas, desde la más tierna edad, a perder lo más preciado como es su inocencia y su tranquilidad, y a depender de la malvada droga. Todos acorralados: las autoridades, el Estado, que parece que funciona solo en la gran capital, y desde donde se hacen las leyes y se distribuyen las tareas, más no el presupuesto, gobiernos de escritorio que poco aparecen por nuestras veredas. Acorralados en los campos o en los pueblos, donde mandan los que tienen un arma. Todos confinados a las dos o tres calles del pueblo, y avanzando a pasos agigantados a sus casas, antes de que caiga la noche, a encerrarse por miedo a las bandas que han ocupado los espacios, incluso aquellos de las autoridades. Llaman, juzgan, dictan sentencia, aplican la justicia, hacen las veces de jueces y con la facilidad de quien se toma un vaso de agua, aplican «la ley», la de ellos, y así disponen de los bienes e incluso de la vida de los demás. Es una sociedad acorralada donde el respeto a la autoridad, (si es que la hay), ha desaparecido. Nuestros pueblos, nuestras calles y nuestras veredas están secuestrados nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños: todos secuestrados, todos acorralados, todos confinados, todos arrinconados. Ya los delincuentes no caben en las cárceles, tampoco en las calles. Vamos siempre a la defensiva, no sabemos con quien nos vamos a encontrar, cunde la desconfianza, y vamos en veloz carrera. Tememos a las motos, tememos a los carros, tememos a los que van por las calles drogados, “greñudos y sucios”, tememos a los que avanzan de manera sospechosa. Tememos salir por las carreteras veredales, por las calles solitarias y por las calles congestionadas. Tememos ir solos, tememos ir en el tumulto: ¡que contradicción! Es esta la experiencia que se vive en este sur del Valle de Aburrá y en este Suroeste Cercano. La vida en nuestros pueblos se ha venido convirtiendo en una verdadera pesadilla. Escuchar a los sacerdotes y a los laicos de la Diócesis, nos ha llevado a concluir que no hay rincón que se salve. Los pueblos grandes, los pequeños, los corregimientos, las veredas, todos viven la amarga experiencia de sentirse impotentes ante tanta inseguridad. Todos ubican con facilidad el origen de tanto mal. Ubican también los lugares, las bandas, los grupos, las personas. Saben de dónde procede la droga, quién la distribuye, de quién es este perverso mercado. Y es cuando nos hacemos la pregunta: ¿será que las autoridades no lo saben o no lo quieren saber? ¿O sí lo saben, pero…? Hay que escuchar los lamentos y la impotencia de los alcaldes, ante los oídos sordos del gobierno departamental, por ejemplo, cuando ponen en su conocimiento toda esta tragedia. ¿Hasta cuándo? La sociedad arrinconada es la sociedad del egoísmo: sálvese quien pueda. Es y seguirá siendo la sociedad del miedo, del silencio, muchas veces cómplice, y otras veces complaciente, máxime si seguimos en este silencio. ¿Tendremos que concluir, entonces, que en el Suroeste estamos perdiendo el norte? + Cesar Alcides Balbín Tamayo Obispo de Caldas

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía - En la Colombia actual, el bien de la paz no puede reducirse a lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos. Hoy no tenemos un estado de paz, ni una paz de Estado, como lo manda la constitución nacional, pues carecemos, tristemente, de esos consensos entre ciudadanos y gobernantes que, por múltiples factores de vieja data y conceptos divergentes del poder y de la justicia, han generado, no solamente desequilibrio sino verdadero daño a la convivencia pacífica, a la inclusión del Estado en la totalidad del territorio y de la población en la totalidad de derechos y oportunidades. Pululan las economías y los “poderes paralelos”, en el barrio o en el campo, en la lejanía y la selva. Situación que se agrava mucho más con el auge del narcotráfico, su producción y mercado, para no hablar de otros fenómenos concomitantes a la criminalidad. Sin duda alguna, estos serán días de incertidumbre y expectativas, de balance sobre un proceso de paz, apenas iniciándose, pero ya con hechos, procesos y planes que deberán ser responsablemente asumidos por el pueblo colombiano y por el nuevo gobierno, más allá de visiones partidistas. En materia de ahorrar vidas humanas, y la paz sí que lo es, no se puede mantener el criterio de derecho a desandar el trecho recorrido, sino de garantizar la meta anhelada: paz con verdad, democracia plena y mayor justicia social. La Iglesia Católica en Colombia, ojalá en un contexto de ecumenismo desde la verdad de Dios, del hombre y de la creación, debe alentar siempre, sin miedo, el Evangelio de la paz, la buena nueva del perdón y la utopía de la unidad en la diversidad. Para una población en diáspora cultural y desarraigada de sus pertenencias, de bienes y sentido, ahogada por el libre mercado y el insaciable consumo, sometida a la ley de la fuerza y de un aberrante desprecio por la vida del semejante, se vuelve indispensable esa “Iglesia de puertas abiertas”, comunidad en salida al encuentro del difícil prójimo de estos tiempos, “hospital de campaña” en medio de personas, familias y masas heridas. Esta Iglesia, “espacio alternativo” a sociedades y Estados, independiente de partidos gobernantes y opositores, deberá emerger, con fuerza y sabor de Evangelio, también en Colombia. Evangelizar y pastorear la sociedad (fe y doctrina social de la Iglesia), resultan inseparables. Bien vale la pena retomarlo con el ímpetu de hace 50 años, con el “Documento de Medellín”, conclusiones de la 2a. Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Medellín del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968. Allí, la justicia y el cambio social, la paz, la opción por los pobres y por los jóvenes, marcaron la pauta. Propongámonos, como mínimo, volver a ese texto y releerlo hoy, guiados por el mensaje del Papa Francisco. El Documento de Medellín, actualizado por el magisterio del Papa, bien podría inspirarnos una agenda eclesial de paz para nuestro compromiso. Esta agenda podría ser construida entre todos. Me atrevo a sugerir, como hechos y palabras “generadores” de aprendizajes “alfabetizadores”, para una conciencia social de paz como Iglesia, al menos tres conjuntos de lenguaje: 1. Conjunto de la “V”: *VIDA, VÍCTIMAS, VERDAD. 2. Conjunto de las “P”: *PALABRA, PACTO, PERDÓN. 3. Conjunto de las “D”: *DIGNIDAD, DERECHOS, DEMOCRACIA. Sobre estos hechos-palabra, podríamos empezar a generar una conducta de Iglesia, que nos permita visibilizar a las víctimas de violencias y violentos, para cuestionar a sus perpetradores y a los indiferentes comportamos estos sencillos aportes. +Darío de Jesús Monsalve Mejía Arzobispo de Cali

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía - Estamos dejando volver un “matadero” a nuestra amada ciudad de Cali. De lejos, pasa de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que Bogotá registra menos de 14. Fines de semana con cifras de 18 o más asesinatos, como el del pasado puente de marzo, ponen a Cali como la primera entre las ciudades violentas de Colombia y la segunda en el Continente. La cadena de homicidios sistemáticos es la más grave degradación de nuestra relación y convivencia, sin una reacción de la razón colectiva, ante la bofetada que es para todos cada muerto o muerta, porque, en muchos de los casos, las víctimas son mujeres. Calificar el hecho del asesinato de una u otra manera, o dar explicaciones que son ya lugares comunes, es mantener el esquema de “dejar pasar”, “dejar hacer”, que se replicará una y otra vez, de manera infinita, sin que se conozca la verdad del hecho, de los responsables, de los cómplices, de los móviles y causas, de los investigadores que se hacen cargo, de la garantía de información sobre el proceso, limitada en el tiempo, sobre los casos. Investigar, actuar, crear mecanismos de justicia apropiados y eficaces para asumir estos casos, prevenir al máximo la reproducción o continuación de la conducta violenta, sería lo primero, junto al tratamiento de situaciones o “caldos de cultivo” de la misma, con acción conjunta de Estado, Sociedad y población vulnerable, víctimas y victimarios potenciales. Todo esto, ciertamente, reclama una transformación del sistema de justicia y verdad, de prevención y rehabilitación, de cárceles y post-penados. El Estado no puede mantener conceptos clasistas y elitistas de “seguridad privada” y de protección oficial; mucho menos generar falsas modalidades de alianza entre fuerza y justicia estatal con la población civil, involucrándola mediante el falso concepto de derecho a la auto-defensa: civiles armados, organizaciones para-militares, redes de informantes. O también, en el peor de los casos, la corrupción de personal al servicio del Estado, de autoridad civil, judicial, policial o militar, comprometidos con delincuentes, en suministro de armas, en acciones delictivas, en ejecuciones sumarias. Esto es lo más grave que puede ocurrirnos a quienes tenemos el servicio del bien, de la dignidad humana, o de la autoridad oficial: el abuso de la potestad para hacer el mal. Dolorosamente, esta quiebra moral de las instituciones, incluida la misma Iglesia en otros casos, es parte de la grave crisis y degradación de nuestra sociedad. Todos tenemos mucho que ver con esta degradación y, muchísimo más qué hacer para aportar a un cambio, hacia una restauración de la persona humana, del tejido social, de la vida civilizada y pacífica, de un reordenamiento ético, espiritual y legal. Pero, sin duda alguna, tenemos que dar un paso colectivo, de voluntad popular y política estatal, que le garantice a Colombia salir del matadero en el que vivimos aún. Mucho se ha logrado con los pasos de estos años, hacia una salida concertada de la confrontación subversiva, aún en difícil curso, y ahora, con la normativa que se lleva al legislativo, con carácter de urgencia, para un posible desmonte de las BACRIMs y las disidencias subversivas, mediante un sometimiento o acogimiento a la justicia, con garantías y estímulos. Este cuadro hacia un desarme social y una ocupación legal del Estado en los territorios urbanos y rurales, no dejándolos más a merced de los armados ilegales, será fundamental. El primer paso que debemos dar todos es la decisión y la elección política de salir del matadero, sacar a Colombia del matadero. Valga decirlo en esta época de elecciones: no podemos permitirnos seguir siendo una sociedad fracasada por el monstruo de las violencias. Fin a los asesinatos y violencias. Fin a la economía ilegal y criminal. Fin a la corrupción. Protección al trabajo y autoabastecimiento. Fortaleza a la justicia con verdad, a la educación con principios, a la familia y a la vida por nacer, a la salud y muerte natural, a la ciudadanía democrática. Son, entre otros, postulados de fondo para garantizar la convivencia pacífica y evitar la catástrofe y el colapso social. Postulados a tener en cuenta a la hora de dar el voto, sin miedos ni coacciones, por la opción más identificada con un inmediato futuro pacífico, digno, laborioso y próspero, de un país como el nuestro, con enormes posibilidades de serlo. La Pascua, que se inicia con el mes de abril 2018, nos convoca a mirar juntos la Cruz sin el Crucificado, y la tumba vacía sin el cadáver asesinado. Salir del Calvario y del sepulcro, deshacer todo el entramado y la urdimbre de mentiras, abusos, torturas, dignidad pisoteada, corrupción del poder y abuso del débil, que recordamos cada año en La Pasión y Muerte de Cristo, esa es la Pascua. Que en este año 2018 la asumamos como empeño de todos para salir y sacar a Cali y a Colombia del matadero. Que retomemos la propuesta y campaña Arquidiocesana de LUCHA: ¡Luchemos Unidos Contra el Homicidio y las Armas! Que hagamos del 2 de mayo, aniversario de la masacre de Bojayá, el Día Nacional del Perdón y la memoria nacional del Cristo Negro de Bojayá, con la oración que le compuso el Papa Francisco y que todos debemos memorizar: “Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte; junto con tus brazos y pies, te han arrancado a tus hijos, que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad: palpita también tu corazón para acogernos en tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo: Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado; tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad; tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén.” + Darío de Jesús Monsalve Mejía Arzobispo de Cali

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - La Corte Constitucional ha ordenado recientemente al Ministerio de Salud que presente ante el Congreso, en el plazo de un año, una iniciativa acerca de la aplicación de la eutanasia en mayores y menores de edad; igualmente, solicita al Congreso que, en dos años, emita una ley sobre lo que llama el derecho fundamental de los niños y los adultos a morir dignamente. La Conferencia Episcopal de Colombia se ha pronunciado sobre las preocupantes consecuencias que entrañan estos hechos. Son un paso más en un proceso bien conducido que, entre otros, tiene antecedentes en la sentencia 239 de 1997, en el proyecto de ley 70/2012, en la sentencia 970 de 2014 y en la resolución 1216 del Ministerio de Salud de abril de 2015. Sin seguir el debido ordenamiento y sin hacer el necesario debate público, para obedecer a proyectos internacionales con intereses ideológicos, políticos y económicos, se insiste en esta conjura contra la vida humana. Se quiere imponer una decisión que compromete convicciones profundas de la mayoría de los colombianos con verdades parciales que, con tinte de cientificidad o de “piedad”, se difunden a través de los medios de comunicación y desconciertan a algunos legisladores, al personal sanitario y a la opinión pública. Es así como se genera confusión para discernir justamente apreciaciones jurídicas, conductas legales y actuaciones éticas, sobre todo en situaciones complejas donde la compasión por el sufrimiento puede poner en penumbra las implicaciones de atentar contra la vida humana. En esta forma de tomar decisiones y de legislar no se está respetando ni la Constitución de la República ni la separación de poderes que es fundamental en una democracia. No se debe aceptar pasivamente que la Corte dé ordenes al Congrego y al Ejecutivo sobre un tema tan grave, que afectará a millones de personas, como autorizar a los médicos para que ayuden a los pacientes a suicidarse y a los padres de familia para que decidan sobre la vida o la muerte de sus hijos. Estamos dejando pasar decisiones peligrosas que destruyen el orden moral y aun la estructura social y política del Estado. El Estado está para proteger a los ciudadanos y especialmente a los más indefensos; por tanto, los niños y los adolescentes merecen algo mejor que autorizar su sentencia de muerte. En un sistema de salud tan frágil y permeado de corrupción como el nuestro, es de temer que las autorizaciones para el homicidio muy pronto serán la única “opción de tratamiento” para los más vulnerables y la alternativa más “eficiente” y económica. Bajo el disfraz de humanidad se quiere presentar la eutanasia como una “muerte digna”. La prioridad sería legislar y trabajar para que la gente tenga, no una muerte, sino una vida digna. La corrupción también se apodera del lenguaje para esconder la deshonestidad de la actuación, pues lo que se quiere legalizar no es una ayuda para morir, sino el permiso para matar a otro ser humano. Está mal un país cuando, en lugar de pensar en que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad, piensa en eliminar a los más débiles. Ciertamente, se pueden encontrar formas compasivas para dar tratamientos adecuados, mitigar el dolor y preparar la muerte sin caer en encarnizamientos terapéuticos y sin llegar tampoco a la aprobación de la “muerte por pedido”. En un momento en que buscamos acabar con la violencia, es un contrasentido legalizar la forma de matar con facilidad a los indefensos y a los que sufren; el orden moral de una sociedad en la que los asesinatos son frecuentes no se construye creando instrumentos jurídicos para nuevos asesinatos y abriendo la puerta para que otros, por los motivos que quieran, exijan o se apropien el mismo “derecho”. En medio de tanta confusión y de tantos intereses egoístas, la Iglesia Católica defiende con valentía y coherencia la vida y la dignidad de toda persona humana. + Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín