Por: P. Jorge Enrique Bustamante - Desconocidos, a quienes nos les duele sus hijos, decidirán su muerte.
El pasado martes el Ministerio de la Salud y Protección Social, colgó en su página un borrador del “proyecto resolución reglamentación procedimiento derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes”, supuestamente para recibir los “comentarios y observaciones” entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Acción y borrador susceptible de diversas miradas cuestionadoras.
Procedimiento.
El gobierno ha adoptado esta práctica procedimental para legitimar a su amaño temas y situaciones que merecerían mayor y ponderada reflexión. El proceso es colgar un proyecto de “algo” en la red, por un espacio mínimo, 6 días, en fin de semana para que nadie se entere, y luego poder decir que hubo espacio de participación. Además del esfuerzo que hay que hacer para encontrarlo en la mencionada página.
Me pregunto si este es el medio adecuado para reflexionar y retroalimentar un proceso de tal envergadura ¿Qué porcentaje de la población colombiana tiene acceso al Internet? ¿Qué tránsito (cantidad de personas) tiene la página del Ministerio? ¿Cuál es el afán real y qué motiva estos espacios? Me deja un sabor amargo esta manera de actuar, se deciden temas de educación, de vida, de muerte, de libertad y muchos otros mediante estos procedimientos. Un borrador en una página desconocida no puede ser el mecanismo garante de un proceso en una democracia representativa como la nuestra. Lo único que puedo decir es ¡Alerta Colombia! porque estos son los caminos que ha encontrado el gobierno para hacer sus goles.
El contenido del borrador
¡Realmente se trata de un borrador! Borra el rol preponderante que deben asumir los padres, la familia, la conciencia, borra la responsabilidad del Estado, borra el DERECHO a la Objeción de conciencia colectiva e institucional, borra el derecho al respeto de la vida, borra las barreras de madurez humana y su capacidad de decidir, borra hasta las normas básicas de un buen español.
El Ministerio inicia asegurando que existe “un derecho a morir con dignidad”, y para hacer efectivo “este derecho”, confiere a los niños y adolescentes la capacidad de toma de decisiones en el ámbito médico, se afana en asegurar que es en este campo donde tiene esas facultades, ¿Por qué de esta insistencia? Creo que temen, como es lógico, que se reclame la capacidad en otros campos.
Por ejemplo, capacidad para elegir mediante el voto, pues son situaciones menos comprometedoras que la vida. Elegir un político a un cargo solo afecta un periodo de unos añitos; si el niño o adolescente puede decidir sobre la vida de manera definitiva, debe ser un derecho el poder votar. Si tiene esta capacidad Por qué la “justicia” considera que un menor de edad (18 años) no tiene capacidad para asumir la responsabilidad por los delitos cometidos.
Creo que los argumentos del Ministerio de Salud confiere unos alcances insospechados y exige se revise toda la responsabilidad y acciones en menores de edad, pues ellos están en capacidad de decidir y por tanto responsables de sus decisiones. En otras palabras, las aptitudes para decidir, exigidas en el borrador, son tan generales que se basan más en la capacidad de comunicarla que en tomar libre y conscientemente una decisión de esta naturaleza: (1) capacidad de comunicar la decisión, (2) capacidad de entendimiento, (3) capacidad de razonar y (4) capacidad de juicio. Con estos argumentos tendremos mayoría de edad a los 7 años, “ya son capaces de razonamiento concreto”.
El borrador elimina el papel fundamental de los padres, y es sustituido por tres profesionales un médico, un abogado, y un psicólogo decidirán si su hijo vive o no. El estado se cree con derechos de decidir sobre los niños por encima de los padres a quienes les ha dolido su hijo, quienes por el misterio de la vida compartida les duele la enfermedad de su ser querido. A esto se le agrega dos características del proceso, pues se pide celeridad y gratuidad. Para el estado es un deber acelerar el asesinato de alguien que podría ser un “gasto” para las arcas de la salud, es mejor acelerar y que sea gratis, distractores para que se piense que es muy bondadoso.
Me pregunto porque no ha determinado el estado la celeridad y gratuidad en los procesos médicos, no solo para los niños y adolescentes, sino también para los ancianos. Aquí no hay celeridad, hasta para reclamar unos medicamentos básicos hay que proceder mediante tutela y en muchos casos la solución llega cuando el paciente está bajo tierra. Es aquí en la responsabilidad social del Estado que debe implementar obligatoriedad, celeridad y gratuidad para proceder a la atención médica para con todo paciente sin importar el estrato social. Ayer, 28 de febrero, el Presidente Santos, en Cartagena, se ufanaba frente al Consejo Mundial de Iglesias en decir que el llamado carrusel de la muerte fue abolido: “nosotros decidimos abolir eso. Convertimos la salud, primer país, que convirtió la salud en un derecho fundamental, lo elevamos en la Constitución a derecho fundamental”. Se abolió o se cambió el procedimiento, porque estas normas solo cambian el “carrusel”, la postura del Estado en la praxis parece decir: “matemos a todo aquel que represente un gasto, si no produce que no estorbe”, la cultura del descarte, de lo desechable. Con estas políticas el Estado borra su responsabilidad y la soluciona con una tumba.
El Ministerio, en los artículos 25.6 y 29 sin ninguna argumentación se proclama rectora de la conciencia y elimina de un tajo el sí consagrado derecho de objeción de conciencia institucional; la frase consignada, propia de sistemas autoritarios es “en ningún caso, la IPS podrá argumentar la objeción de conciencia institucional”. Desconoce la identidad propia de las intuiciones, violenta la libertad religiosa y de culto, y obliga a las instituciones que han sido creadas para defender la vida a que contrario a su identidad y misión se dediquen a asesinar. Pienso en hospitales católicos que ahora contrario a su misión tendrán que tener un organismo de muerte y para gravedad del caso de niños y adolescentes.
Padres de familia y colombianos todos defendamos nuestra gran riqueza que son los niños, los jóvenes, nuestras gentes, no podemos dejar en manos de unos desconocidos la decisión de la muerte de nuestros seres queridos, hay que exigirle al Estado el cumplimiento de su responsabilidad social que la salud sea un derecho fundamental. Los cuidados médicos y familiares deben garantizar que el paciente reciba toda la ayuda necesaria y la súper abundancia del amor familiar.
Nace un compromiso para los creyentes en Cristo Jesús, educar a nuestros hijos en el valor sagrado de la vida, en el amor de la familia, en el sentido trascendente del dolor como camino de unirnos a la pasión del Señor Jesús. Se abre un camino para la santidad, para la unidad familiar. Es momento de oración y evangelización. Recordemos que toda la vida el “el poder mal usado del estado” ha buscado por diversos medios el control de la vida: El Faraón mandó matar todo niño hebreo; Herodes mando matar en Belén y sus alrededores a todo niño menor de 2 años, los Faraones y Herodes de hoy los mandan matar en el seno de las madres con el aborto, y si nacen y tienen una enfermedad o deficiencia hay que eliminarlos con el asesinato, llamado “morir dignamente”. Pero ellos han pasado y la Iglesia sigue en pie. Les aseguro que en 50 o 70 años las nuevas generaciones juzgaran como un asesinato frio, como el mayo descalabro este tipo de purificación social. La historia juzgará a estos “progresistas” como máquinas de la muerte.
P. Jorge Enrique Bustamante Mora
Director del Departamento de Doctrina y Animación Bíblica de la CEC.
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